Los tribunales federales de Estados Unidos enfrentan una presión creciente debido a la política de deportaciones masivas impulsada por la administración de Donald Trump. Jueces de distintos distritos advierten que la avalancha de demandas presentadas por inmigrantes detenidos está generando retrasos, tensiones operativas y lo que algunos ya describen como una crisis administrativa.
Bajo gobiernos anteriores, las personas sin antecedentes penales solían poder solicitar una audiencia de fianza ante un juez de inmigración mientras sus casos avanzaban, salvo cuando eran detenidas en la frontera. Esa práctica fue revertida por la Casa Blanca, que instauró la detención obligatoria. Como respuesta, miles de inmigrantes han recurrido a los tribunales federales mediante peticiones de hábeas corpus para impugnar su encarcelamiento.
Alertas en Georgia
En Georgia, el juez federal Clay Land declaró el 29 de enero que el volumen de peticiones había provocado una “emergencia judicial administrativa”. En una orden, sostuvo que la administración se negó a otorgar audiencias de fianza a inmigrantes recluidos en el Centro de Detención de Stewart, pese a fallos judiciales contrarios a la detención obligatoria. Ante ello, el tribunal se vio forzado a ordenar audiencias individualizadas. Land fue nominado por George W. Bush.
Minnesota bajo presión
En Minnesota, donde continúan las redadas migratorias, el juez Patrick Schiltz señaló el 26 de enero que las autoridades no hicieron previsiones para manejar “cientos” de peticiones de hábeas y otras demandas. Solo en enero, el tribunal recibió más de 400 solicitudes. Dos días después, Schiltz advirtió que el gobierno no había cumplido con decenas de órdenes de liberación u otros alivios dictados para personas arrestadas durante la Operación Metro Surge. El magistrado también fue nominado por Bush.
Cortes “inundadas” en Nueva York
En el Distrito Sur de Nueva York, el juez Arun Subramanian afirmó en diciembre que el tribunal había sido “inundado” de solicitudes de alivio de inmigrantes que no representaban riesgo de fuga ni peligro, pero permanecían detenidos de manera indefinida. Subramanian, nominado por Joe Biden, concedió el hábeas corpus a una mujer guineana de 52 años y ordenó su liberación.
Nadie disputa que el gobierno puede, conforme a la ley, buscar la expulsión de personas que están en el país ilegalmente”, escribió el juez. “Pero la forma en que tratamos a los demás importa”.
Aunque la administración obtuvo recientemente una victoria legal, jueces federales advierten que la sobrecarga persiste y que el impacto de la detención obligatoria sigue poniendo a prueba la capacidad del sistema judicial.
