La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que descargo a Víctor Díaz Rúa y al empresario Ángel Rondón, en el caso Odebrechet, estableció la importancia de una reforma legal, procesal y técnica para mejorar la lucha contra la corrupción en el país y evitar que esos casos se caigan en los tribunales como ocurrió en Súper Tucano y Los Tres Brazos, que fueron declarados extinguidos.
El tribunal presidido por Francisco Jerez Mena, e integrado por Fran Soto, Nancy Salcedo Fernández y María Garabito Ramírez, plantea que la falta de pruebas suficientes en este caso, llama al ministerio público a realizar investigaciones exhaustivas y bien fundamentadas para asegurar que los responsables de actos de corrupción sean efectivamente sancionados.
El fallo reafirma que no se puede condenar a una persona sin evidencia concreta que demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable, un principio fundamental para garantizar la justicia y proteger los derechos de los acusados.
Sobre el caso, la Sala subrayó que la interpretación errónea de las pruebas por parte de los tribunales inferiores contribuyó a las decisiones judiciales previas, lo que requirió su revisión y corrección.
“La falta de pruebas suficientes en este caso resalta la necesidad de fortalecer las capacidades investigativas y probatorias de las instituciones encargadas de combatir la corrupción”, aduce el tribunal.
El fallo de la Segunda Sala en el caso Odebrecht tiene importantes implicaciones para el sistema legal dominicano y para la lucha contra la corrupción en el país.
Este caso destaca la importancia del debido proceso y la necesidad de que las acusaciones penales se basen en pruebas sólidas y verificables, conforme al marco legal vigente.
Este caso también pone de relieve las limitaciones del marco legal dominicano en lo que respecta a delitos como el enriquecimiento ilícito.
Aduce que en la legislación dominicana, el delito de enriquecimiento ilícito no está claramente configurado como un delito autónomo.
Esto significa que no existe una definición legal precisa de lo que constituye un “enriquecimiento patrimonial injustificado”, lo que dificulta la aplicación de este cargo en el caso particular.
Fuente:ListinDiario
