El Ministerio Público concluyó con la presentación de su solicitud de prisión preventivacontra militares y civiles arrestados por el pago de sobornos en los fondos de instituciones públicas.
El órgano persecutor solicitó al juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, la declaración del caso complejo, debido a la magnitud de la investigación y la seriedad de los actos imputados.
Mientras tanto, la audiencia fue reprogramada para este martes 15 de julio a las 2:00 de la tarde.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, quien encabeza la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), señaló: «aquí están sobornados y sobornantes; esperamos la respuesta del sistema de Justicia».
Ortiz destacó que, «Siempre se nos ha criticado, con los casos pasados, que teníamos los sobornados sin los sobornantes o los sobornantes sin los sobornados. Aquí están sobornados y sobornantes. Esperamos la respuesta del sistema de Justicia«, manifestó.
La acusación fue presentada por un equipo liderado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. Completan la nómina los fiscales Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán, Yoneivy González y Rosa María Pichardo.
Sobre el caso
La operación puesta en marcha por el órgano persecutor, apuntan a una red que combinó militares de alto rango y civiles para ofrecer sobornos, con el objetivo de conseguir contratos con entidades públicas en áreas como la seguridad privada.
Los imputados
Entre los imputados figuran:
- El mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz
- Los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez
- El coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar
- El primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos
- El coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz
- El empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González
- El civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal
Instituciones afectadas
La estructura criminal impactó institucionescomo:
- El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi)
- El Seguro Nacional de Salud (Senasa)
- Las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur
Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, conforme a los artículos 177, 178, 179 párrafo, 180, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano. También se le imputa la violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República, que prohíbe la corrupción administrativa.
Por el lavado de activos, se les acusa en base a los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; artículo 4, numeral 8; y artículo 9, numerales 1, 2 y 4, de la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
