Con la investigación denominada Operación Camaleón que se sometió a los tribunales hace nueve meses por supuesta corrupción en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), suman cinco los más escandalosos expedientes por malversación llevados a la justicia en los últimos cuatro años, conocidos en cansones procesos judiciales que han llevado al desinterés de gran parte de la población.
El Ministerio Público (MP) calcula en más de 56 mil millones de pesos la estafa al Estado cometida por los 105 exfuncionarios, empresarios, militares y policías que actualmente enfrentan los señalamientos del órgano persecutor y que pese al tiempo transcurrido, por ejemplo, en el caso de los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, que cumplirá a final de noviembre cinco años, no se ha emitido una sentencia al grueso del grupo.
Sin embargo, en ese y en los casos que involucran al exprocurador Jean Alain Rodríguez, y al de los militares y policías que supuestamente estafaron al Estado a través del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y al de Seguridad Turística (Cestur), se han emitido más de veinte condenas en juicios penales abreviados, y a dos mujeres que afrontaron la imputación y cuyos expedientes fueron separados por problemas de salud.
Entre los sentenciados a penas suspendidas, se encuentran el exdirector de la desaparecida Oficina Supervisora de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, condenado a pena suspendida y a entregar al Estado 35 millones de pesos y un jeep BMW modelo X5 XDrive del año 2017.
Asimismo, al empresario Lisandro José Macarrulla Martínez, a tres años de prisión suspendida y a la devolución de 144 millonesen efectivos y bienes a la Procuraduría.
También a María Isabel de los Milagros Torres Castellanos, cuya acusación se separó del grupo que encabezan los Medina Sánchez, fue sentenciada ya, incluso por la Suprema Corte de Justicia, a cinco años de internamiento en un centro psiquiátrico y la devolución de un apartamento ubicado en Brisas de Guavaberry, dentro de Guavaberry Resort & Country Club, en San Pedro de Macorís, por lavado de activos.
Asimismo, la acusada Rosa Antonia Disla, madre del llamado «cerebro» de la estafa en el Cusep y Cestur, que se atribuye a policía y militares, fue sentenciada a cinco años de cárcel por lavado de activos y apeló en la corte, que tiene pautado emitir su decisión el 3 de septiembre de este año.
¿Cómo se desarrollan?
De las cinco causas, la de mayor dolo de los recursos de los contribuyentes, según el MP, es la que involucra a los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero, José Ramón Peralta, al exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirilo, el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, así como el exsenador de Azua, Rafael Calderón, y otros 28 acusados con una supuesta defraudaciónde más de 41 mil millones de pesos la cual se habría producido a través de pagos irregulares de propiedades en lugares privilegiados declarados de utilidad pública.
Igualmente, a través de sobornos a contratistas para financiar la campaña del PLD y de extorsión a través de bancas de apuestas.
El caso se encuentra en el juicio preliminar, el cual logró iniciar un año después de someterse la acusación formalmente y dos de haberse presentado a los tribunales. No obstante, esta fase del caso se ha retrasado por muertes de parientes de los imputados y por problemas de salud de estos.
El proceso ya mencionado donde está involucrado el exdirector del Intrant Hugo Beras, el empresario Jochi Gómez y otros siete exfuncionarios de la institución de transporte por haber cometido fraude en el contrato por más de RD$1,300 millones para la modernización del sistema de semáforos también está atascado.
Pero la jueza otorgó al MP hasta el 8 de octubre para la presentación de la acusación formal en contra de los imputados.
Jean Alain, Militares y los Medina
En la fase de juicio de fondo, que debe concluir con una sentencia, se encuentran la supuesta red que encabezaban el exprocurador Jean Alain Rodríguez, la de los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina y la de los exjefes del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y Seguridad Turística (Cestur), Adán Cáceres, Julio Camilo de los Santos Viola y Juan Carlos Torres Robiou.
El proceso a los hermanos Medina, cuyo grupo está formado por 21 acusados a los que se le atribuye estafar con más de RD$5 mil millones al erario, presenta mayor avance y a final de noviembre cumplirá cinco años en la justicia. Se prevé que el próximo miércoles, Alexis Medina concluya su defensa en un discurso en el que refutará al MP. En el de los 28 militares y policías, que se bautizó como Coral y encartados de desfraudar al erario con RD$4,500 millones, el MP casi concluye la presentación de sus pruebas, en la que ha interrogado «360 testigos», luego inicia la defensa.
En tanto que el caso del exprocurador general, que preside al grupo de otros 14 encartados tiene un año por empezar el juicio de fondo y no termina de arrancar. El pasado lunes 21 hubo una fallida audiencia, la que se aplazó para el 20 de agosto hasta que la Suprema Corte de Justicia decida un recurso de uno de los acusados.
