El Ministerio Público solicitó este jueves penas de hasta 20 años de prisión contra los principales imputados en el juicio de fondo seguido a una presunta red de corrupción administrativa que, según la acusación, habría provocado un desfalco al Estado dominicano superior a los RD$4,500 millones.
Durante la presentación de sus conclusiones formales, la fiscalía pidió al tribunal imponer la pena máxima al mayor general Adán Cáceres Silvestre, así como a Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Rafael Núñez de Aza y Rafael Camilo de los Santos Viola, además del pago de 400 salarios mínimos.
La acusación sostiene que los imputados incurrieron en múltiples delitos, entre ellos violación a la Constitución de la República, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y lavado de activos, resaltando la gravedad del daño causado a las finanzas públicas y a la institucionalidad del país.
Asimismo, el Ministerio Público solicitó el decomiso de cientos de bienes muebles e inmuebles, incluyendo propiedades de lujo, vehículos y activos financieros, los cuales, según el expediente, fueron identificados mediante un amplio conjunto de pruebas materiales, con la finalidad de que pasen a favor del Estado dominicano.
En cuanto al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, señalado como delator del caso, el órgano acusador solicitó una condena especial de cinco años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos, en virtud de su cooperación efectiva y del suministro de información clave que permitió desmantelar la estructura investigada.
El tribunal continúa conociendo el proceso, considerado uno de los casos de corrupción administrativa de mayor relevancia en el país en los últimos años.
