La organización de izquierda hizo el señalamiento al referirse al número de personas fallecidas durante intervenciones policiales. Reportes de medios y organizaciones sociales sitúan en más de 180 las muertes registradas en lo que va de 2026, aunque existen diferencias entre las cifras disponibles y el MPD demanda estadísticas oficiales y verificables.
A través de un documento firmado por su Comisión Política, el MPD sostuvo que la criminalidad no puede combatirse mediante el uso excesivo o ilegal de la fuerza y llamó a las autoridades a detener lo que considera un patrón de violencia durante las actuaciones policiales.
“Cuando agentes encargados de garantizar la seguridad recurren a la violencia ilegítima, a los abusos de autoridad o a actuaciones al margen de los procedimientos legales, el problema deja de ser únicamente policial y se convierte en una política de Estado”, expresó la organización.
El MPD afirmó que, aunque el Estado posee el monopolio legítimo de la fuerza, su utilización está limitada por la Constitución, las leyes y los derechos fundamentales.
La entidad también cuestionó que las políticas de seguridad se concentren únicamente en la persecución del delito y planteó que factores como la pobreza, el desempleo, la exclusión social, las debilidades educativas, el consumo de drogas, las economías ilícitas y la falta de oportunidades para los jóvenes deben ser considerados al analizar las causas de la criminalidad.
Asimismo, llamó la atención sobre los denominados delitos de “cuello blanco”, entre ellos corrupción, fraude, evasión fiscal, lavado de activos y apropiación indebida de recursos públicos.
El movimiento también pidió investigaciones independientes cuando agentes policiales sean señalados por posibles abusos o hechos delictivos, además de la identificación de responsabilidades individuales y la aplicación de las sanciones correspondientes conforme a la ley.
El pronunciamiento se produce en medio del debate público sobre el número de muertes durante intervenciones policiales. Mientras organizaciones de derechos humanos han cuestionado algunos de estos casos, la Policía sostiene que las personas fallecidas estaban vinculadas a hechos delictivos y que varios enfrentamientos se produjeron durante operativos.
El MPD concluyó planteando que la seguridad ciudadana debe combinar prevención, investigación criminal, fortalecimiento institucional y persecución del delito, junto con mecanismos independientes para investigar posibles abusos cometidos por agentes del Estado.
