Por: Ing. Wilton Jesús Alvarado Abreu. Miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo (FP)
Desde agosto de 2020, los dominicanos han tenido que enfrentar una serie de aumentos en tarifas, servicios públicos, impuestos y trámites institucionales. Muchos de estos incrementos representan una carga adicional para las familias, los trabajadores y los pequeños comerciantes.
Entre los casos documentados figuran los ajustes en los servicios de la Junta Central Electoral, los incrementos del marbete y las actualizaciones de diversas tarifas institucionales. Por ejemplo, algunos servicios de certificación de la JCE registraron aumentos de hasta un 150 %, mientras que el marbete experimentó un incremento del 33.3 % en sus dos categorías para el período 2026–2027, respecto al año anterior.
¿De dónde vienen estos aumentos? Hay una percepción creciente entre la ciudadanía: estos incrementos vienen impulsados por la compra de dirigentes y por las voluntades políticas que marcaron las elecciones pasadas. En otras palabras, lo que hoy pagamos todos los dominicanos es, en gran medida, el costo de esas decisiones políticas. Es el precio que debemos pagar todos, sin importar si estuvimos de acuerdo o no.
Es cierto que algunos sectores también han recibido aumentos salariales, pero la pregunta que cada familia se hace es clara: ¿han crecido nuestros ingresos al mismo ritmo que el costo de vivir en este país?
Un gobierno no puede medir su gestión solamente por las recaudaciones, los anuncios y las cifras macroeconómicas. También debe medirse por su capacidad de proteger el poder adquisitivo de la población. Si los ingresos suben más lento que los precios, la gente pierde. Y hoy, la gente está perdiendo.
La ciudadanía necesita respuestas claras sobre el costo de los servicios, la presión tributaria, el precio de la canasta familiar y el deterioro del poder de compra. No basta con decir que la economía crece; la gente necesita sentir ese crecimiento en su vida diaria.
Gobernar no debe significar trasladar continuamente más costos al ciudadano. El desarrollo debe sentirse en la mesa de cada familia, en los ingresos de los trabajadores y en la tranquilidad económica de los hogares. Si el desarrollo no llega a los hogares, no es verdadero desarrollo.
La pregunta que debemos hacernos como país es seria: ¿hasta dónde puede seguir aumentando el costo de vivir mientras el bolsillo del pueblo dominicano continúa bajo presión?
La transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas no son opciones. Son obligaciones de todo gobierno. Y los dominicanos tenemos derecho a saber por qué pagamos más cada día, y en qué se están invirtiendo nuestros recursos.
