San Salvador, 12 may (EFE).- La Fiscalía de El Salvador solicitó este viernes a una corte especializada de sentencia que se le imponga una pena de 16 años de cárcel al expresidente Mauricio Funes (2009-2014) por los delitos supuestamente cometidos durante una tregua entre las pandillas respaldada por el Gobierno entre 2012 y 2014.
El Ministerio Público informó que este día se desarrollan los alegatos finales en un juicio contra Funes y el exministro de Seguridad y Defensa David Munguía Payés, el cual comenzó a finales de abril pasado.
La fuente señaló que solicitó al tribunal que a «Mauricio Funes se le impongan 16 años de cárcel por agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes» y para Munguía Payés «20 años de prisión por agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios».
Apuntó que, durante los alegatos finales, la Fiscalía sostuvo que «tanto el expresidente Funes como Munguía Payés utilizaron recursos del Estado a favor de los grupos terroristas» y que «durante las negociaciones se permitió el uso de celulares en los penales y la introducción de chips (tarjetas), cargadores, entre otros».
Señaló que Munguía Payés, en su calidad en ese momento de ministro de Justicia y Seguridad Pública (2011-2013), fue quien «propuso al expresidente Funes realizar una tregua con las pandillas».
«Payés jugó un papel clave como el hombre que estaba detrás de las negociaciones», añadió.
La fuente no indicó si la corte emitirá hoy el dictamen o se programará un día para la lectura del mismo.
Funes, que gobernó bajo la bandera de la exguerrilla de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se encuentra en Nicaragua y enfrenta el proceso penal en calidad de ausente, tras una reforma legal que permite que una persona sea juzgada aunque no esté presente.
Entre 2012 y 2014, las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias mantuvieron un armisticio para reducir las cifras de homicidios respaldado por el Gobierno de Funes.
El expresidente negó, tras declarar en la Fiscalía en 2016, que su Gobierno haya dado prebendas a líderes de pandillas encarcelados a cambio de una disminución de los homicidios.
No obstante, en el juicio contra los llamados operadores de la tregua, el general retirado Munguía Payés, declaró como testigo y cambió la versión oficial al señalar que el armisticio fue una política de «pacificación».
