La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó al ministerio público entregar a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, principal implicado en el caso Calamar, todas las actuaciones, evidencias y pruebas reunidas que dice tener en su contra para fundamentar su acusación.
La magistrada Patricia Padilla, al acoger una solicitud de peticiones de la defensa técnica de Guerrero, ante la negativa de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), de entregarle los documentos requeridos.
La jueza dispuso entregar a los abogados del ex funcionario del Gobierno de Danilo Medina, las informaciones recopiladas durante toda la etapa investigativa desde la imposición de la medida de coerción hasta la presentación del requerimiento conclusivo.
Sostiene que esto con el fin de que pueda proceder a su examen inclusive obtener copias, de aquellos elementos o documentos obtenidos posteriormente a la imposición de la medida de coerción y durante la etapa investigativa, que sean de su interés,
Sin embargo, el tribunal advierte que siempre y cuando no obstaculicen la investigación, ni pongan en evidencia las estrategias de investigación del ente acusador, a fin de que pueda proponer las diligencias de investigación que entienda pertinente para su defensa, salvo aquellas actuaciones en torno a las cuales se justifique que perjudiquen la investigación en curso.
Asimismo, la jueza advirtió a las partes la obligación de guardar discreción respecto al conocimiento de las actuaciones cumplidas, cuyo incumplimiento es considerado como falta grave por el artículo 290 del Código Procesal Penal.
El reclamo fue hecho ante la jueza Padilla, quien tiene el control de las investigaciones, por los abogados Eduardo Núñez, Manuel Rodríguez, Mario Eduardo Aguilera, Laura Rodríguez Cuevas y María del Pilar Zuleta.
El imputado fue trasladado al tribunal bajo estricta medida de seguridad, por agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP), luego de la que la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, le variara la prisión preventiva, por el pago de una garantía económica de cinco millones de pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica.
Esa petición había sido hecha anteriormente por Donald Guerrero a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, quien ordenó a la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso “darle acceso a la carpeta fiscal de la investigación cursada en su contra”, resaltando que tanto la Constitución como el Código Penal establecen que el Ministerio Público debe garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Por el caso Calamar guarda prisión el ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, luego de que la jueza Kenya Romero, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, les dictara prisión preventiva.
Además, figuran como acusados el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; el ex contralor General de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; ex director de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros
