San Francisco de Macorís.-La situación que enfrenta Alejandrina Campusano Núñez en la comunidad de Santa Lucía de esta ciudad, es profundamente alarmante y pone en evidencia una problemática urgente y persistente: la falta de protección efectiva para las mujeres que denuncian acoso y violencia por parte de sus exparejas.
A pesar de que según ella, denunció a su expareja quien intentó apuñalarla tres veces y amenazó con matarla antes de que pasaran 15 días de esta denuncia, la respuesta que ha recibido, es que “No hay pruebas”.
Esto resulta inadmisible y pone en riesgo inminente su vida.
Es lamentable que una mujer, a sus 55 años, después de cuatro años de separación, siga siendo víctima del acoso y las amenazas de su expareja. Su denuncia no solo debe ser vista como una advertencia seria, sino como una solicitud desesperada de ayuda, dada la gravedad de los hechos.
Que su ex, identificado como Andrés Acosta, haya intentado atacarla en múltiples ocasiones con un arma blanca y que la haya amenazado explícitamente de muerte en cuestión de días, no debe ser tomado a la ligera.
Estas circunstancias son claras señales de peligro extremo, y las autoridades tienen la obligación de actuar de manera preventiva para evitar una tragedia.
No se puede esperar que las víctimas proporcionen «evidencias» en situaciones de amenaza constante, ya que muchas veces el daño irreparable se produce antes de que se puedan recopilar pruebas suficientes. Las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos deben tener mecanismos más efectivos para actuar ante este tipo de situaciones.
Es urgente que las fuerzas policiales y judiciales de San Francisco de Macorís tomen medidas inmediatas para garantizar la seguridad de Alejandrina Campusano Núñez.
No se puede permitir que las amenazas de Andrés se materialicen. No se puede esperar a que la maten para poder actuar.
