La jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso arresto domiciliario contra Winston Rizik Rodríguez alias «El Gallero», acusado de abuso sexual y psicológico contra una menor de 17 años de edad.
Con esta decisión, la jueza rechazó un pedido de los fiscales de la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, quienes buscaban que se le impusiera prisión preventiva.
Rizik Rodríguez salió recientemente de prisión tras cumplir una condena de 10 años por posesión ilegal de armas y lavado de activos.
La acusación contra Rizik Rodríguez se fundamenta en el artículo 332-1 del Código Penal Dominicano, que tipifica el incesto como “todo acto de naturaleza sexual realizado por un adulto mediante engaño, violencia, amenaza, sorpresa o constreñimiento en la persona de un niño, niña o adolescente con el cual estuviere ligado por lazos de parentesco natural, legítimo o adoptivo hasta el cuarto grado o por lazos de afinidad hasta el tercer grado”.
Además, se le imputan violaciones a la Ley 136-03, en su artículo 396, literales b y c, conocida como el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, que busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los menores en República Dominicana.
Durante estos 10 años, Winston Rizik fue objeto de un intento de asesinato en prisión, y dos jueces fueron destituidos por anular su primera sentencia condenatoria.
En septiembre pasado, el juez de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santiago, Julio César Araujo Díaz, dispuso la libertad de «El Gallero» tras cumplir la condena privativa de libertad impuesta por la acusación de posesión de 10 kilos de cocaína y un arsenal de alto calibre, incluyendo un fusil RM, un M-16, varios cargadores y dos miras telescópicas, encontrados en una residencia suya localizada en una comunidad de Monte Plata.
Tras entregarse voluntariamente a las autoridades el 5 de septiembre de 2014, comenzó la judicialización de este caso inicialmente pornarcotráfico, lavado de activos y porte ilegal de armas. Para ese entonces, Francisco Domínguez Brito era el procurador general de la República y Julio César Souffront Velázquez el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
