Ayer, el Senado desarrolló una sesión extraordinaria en el Museo Ramón Cáceres de Moca, con motivo del 162 aniversario del “Grito de Moca”, una de las primeras manifestaciones armadas contra la anexión a España, en 1861.
Durante esta jornada legislativa fue aprobada la reforma a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
La pieza, introducida por el Poder Ejecutivo el pasado 7 de abril, fue respaldada por la oposición en la cámara alta, el partido la Fuerza del Pueblo (FP), y aprobada en primera lectura.
La norma busca endurecer las penas actuales al delito de trata y tráfico de personas, que pasarían de 10 a 15 años de prisión y de entre 150 a 250 salarios mínimos de multa, a un rango de 12 a 20 años y multas entre 750 y 1,500 salarios mínimos del sector público, así como inhabilitar los derechos de ciudadanía.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, explicó que esta reforma es parte del paquete de 15 medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la migración ilegal, principalmente en respuesta a la crisis haitiana.
La modificación incluye agravantes como el uso de armas, daño a personas mayores o la muerte de la víctima, lo que podría acarrear hasta 40 años de prisión y multas de hasta 6,000 salarios mínimos.
La norma busca endurecer las penas actuales al delito de trata y tráfico de personas, que pasarían de 10 a 15 años de prisión y de entre 150 a 250 salarios mínimos de multa, a un rango de 12 a 20 años y multas entre 750 y 1,500 salarios mínimos del sector público, así como inhabilitar los derechos de ciudadanía.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, explicó que esta reforma es parte del paquete de 15 medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la migración ilegal, principalmente en respuesta a la crisis haitiana.
La modificación incluye agravantes como el uso de armas, daño a personas mayores o la muerte de la víctima, lo que podría acarrear hasta 40 años de prisión y multas de hasta 6,000 salarios mínimos.
Durante la sesión, el senador de Espaillat, Carlos Gómez, autor de otra de las piezas debatidas, resaltó la importancia simbólica de sesionar en Moca, cuna de la lucha por la soberanía nacional.
Recordó las acciones del coronel José Contreras, que encabezó la rebelión del 2 de mayo de 1861, precursora de la Guerra de la Restauración, al mismo tiempo que promovió el proyecto que declara esta fecha como el “Día de la Defensa de la Soberanía”, aprobado en primera lectura.
De su parte, Omar Fernández, de la FP, apoyó la iniciativa, aunque anunció que su bloque propondrá modificaciones en segunda lectura. La sesión también incluyó la aprobación del proyecto que declara el carnaval de Cotuí como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.
