Rodolfo Valetin, director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, con 31 años de experiencia en el ámbito judicial, ofreció una profunda reflexión sobre la transformación del sistema penal dominicano.
Valentín al participar en el panel “Problemática y Reforma del Proceso Penal”, organizado por Listín Diario y la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), resaltó la evolución de un obsoleto código de procedimiento criminal a un Código Procesal Penal (CPP) que, en sus dos décadas de existencia, introdujo 28 principios fundamentales que ahora rigen su operatividad.
Valentín subrayó que la implementación del CPP hizo indispensable la creación de la Defensa Pública y que anteriormente, los abogados de oficio sólo intervenía en la fase de juicio de fondo, dejando a los imputados sin asistencia legal en las etapas preliminares y de investigación, lo que, a su juicio, vulneraba el debido proceso.
Recordó que la Defensa Pública se inició como una unidad adscrita a la Suprema Corte de Justicia con solo catorce defensores en Santiago, San Cristóbal y el Distrito Nacional.
Hoy, sin embargo, se ha consolidado como una institución sólida y un órgano constitucional con autonomía reforzada, respaldada por el artículo 176 de la Constitución y la Ley 277-04.
Destacó que la Defensa Pública asiste entre el 80% y el 87% de los casos penales a nivel nacional, y prácticamente el 100% de los casos de niños, niñas y adolescentes, afianzando su rol como garante del debido proceso.
El jurista también subrayó la creación de la Oficina de Servicio de Atención Permanente, una innovación del Código Procesal que permitió el contacto inicial de una persona detenida con un juez, un cambio significativo respecto al sistema anterior, donde este primer encuentro podría demorarse meses o incluso un año.
Valentín enfatizó que la actual “ola de reforma” y optimización del proceso penal busca una justicia más cercana, humana y accesible y elogió la iniciativa del Poder Judicial y la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, por fomentar la coordinación entre los tres órganos del sistema (Ministerio Público, Defensa Pública y Poder Judicial) en la búsqueda de soluciones conjuntas.
“Esta colaboración, sin precedentes en la historia reciente del sistema penal dominicano, promete posicionar al país como un modelo procesal penal en la región”, acotó.
Señaló que superar la visión histórica de un sistema enfocado únicamente en “perseguir y encarcelar” es un gran reto.
Y plaudió la coincidencia de ideas entre el presidente de la Suprema Corte y la procuradora general sobre la importancia de las medidas alternas a soluciones de conflicto.
Valentín incluso sugirió que estas medidas no se limiten a la etapa intermedia, sino que se apliquen desde la misma vista de medida de coerción.
Esto, afirmó, reduciría la carga procesal de los tribunales y permitiría que solo los casos de mayor relevancia lleguen a juicio, tal como lo establece el artículo 2 del CPP.
Para asegurar una Defensa Pública de calidad, Valetìn informó que 83 aspirantes a defensores entrarán a la ENJ, donde se formarán durante un año.
