Las autoridades de inmigración están exigiendo que los propietarios entreguen contratos de arrendamiento, solicitudes de alquiler, direcciones de reenvío, tarjetas de identificación y otra información sobre sus inquilinos, una señal de que el gobierno de Trump ha dirigido su atención hacia ellos para que ayuden en su campaña de deportaciones masivas.
Eric Teusink, un abogado inmobiliario del área de Atlanta, dijo que varios clientes suyos recibieron recientemente cartas solicitando documentación completa sobre sus inquilinos. Una solicitud de alquiler puede incluir historial laboral, estado civil y relaciones familiares.
El “requerimiento de información” de dos páginas, que Teusink compartió exclusivamente con The Associated Press, también solicita datos sobre otras personas que viven con el arrendatario.
Una de ellas, fechada el 1 de mayo, está firmada por un agente de la unidad antifraude de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Sin embargo, no está firmada por un juez.
No está claro cuántos requerimientos se han emitido, pero los documentos podrían señalar un nuevo frente en los esfuerzos del gobierno para localizar a personas que están en el país sin permiso de residencia, muchas de las cuales debieron proporcionar a las autoridades sus direcciones en Estados Unidos como condición para ingresar inicialmente al país sin visa.
El presidente, Donald Trump, terminó en gran medida con el permiso temporal para las personas a las que se permitió la entrada durante el gobierno de su predecesor, Joe Biden.
Los expertos cuestionan que los propietarios deban obedecer
Algunos expertos legales y administradores de propiedades dicen que las demandas plantean serias preguntas legales porque no están firmadas por un juez y que, si los propietarios las acatan, podrían arriesgarse a violar la Ley de Vivienda Justa, que prohíbe la discriminación por raza, color u origen nacional.
Los críticos también dicen que es probable que los propietarios se sientan intimidados para cumplir con algo que no ha ordenado un juez, mientras que la persona cuya información se está solicitando puede no enterarse nunca de que sus registros privados están en manos de las autoridades de inmigración.
“El peligro aquí es el exceso de cumplimiento”, dijo Stacy Seicshnaydre, profesora de derecho de la Universidad de Tulane que estudia la ley de vivienda. “Sólo porque un propietario reciba un requerimiento, no significa que sea una solicitud legítima”.
Los agentes de ICE han utilizado desde hace mucho citaciones firmadas por un supervisor de la agencia para intentar ingresar a los hogares. Los grupos de defensa han montado campañas de “Conozca sus derechos” instando a las personas a negarles la entrada si no están firmadas por un juez.
El requerimiento revisado por la AP es de la dirección de detección de fraude y seguridad nacional de USCIS, que, al igual que ICE, forma parte del Departamento de Seguridad Nacional.
Aunque no está firmada por un juez, amenaza con que un juez podría declarar a un propietario en desacato al tribunal por no obedecer.
Tricia McLaughlin, portavoz de Seguridad Nacional, defendió el envío de requerimientos a los propietarios, sin confirmar si se están emitiendo.
“No vamos a comentar sobre las tácticas de las fuerzas del orden en torno a investigaciones en curso”, dijo McLaughlin. “Sin embargo, es falso decir que los requerimientos del ICE pueden ignorarse sin más.
El ICE está autorizado para obtener registros o testimonios a través de autoridades específicas de requerimiento administrativo.
El incumplimiento de un requerimiento administrativo emitido por el ICE puede resultar en serias sanciones legales. Los medios deben dejar de difundir estas mentiras”.
