La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha manifestado su profunda inconformidad con lo que considera violaciones a los derechos humanos por parte del Estado dominicano, específicamente a través de la Dirección General de Migración.
La entidad denuncia la confiscación de bienes adquiridos por migrantes, sin importar su nacionalidad, una práctica que, según la CNDH, es completamente ilegal.
Manuel María Mercedes Medina, presidente de la CNDH, enfatizó que la Constitución dominicana es clara al establecer que no existe el elemento de apropiación y que no es necesario un estatus legal para que un migrante adquiera bienes en la República Dominicana.
Mercedes Medina explicó que, antes de las modificaciones a la Constitución y al Código Civil, sí existían requisitos para que un extranjero en tránsito pudiera adquirir bienes.
Sin embargo, estas disposiciones fueron eliminadas por las reformas posteriores.
Por esta razón, el jurista sostiene que no es legal que el Estado se apropie de los bienes incautados a un migrante al momento de su detención.
El presidente de la CNDH propuso que el Estado debería establecer mecanismos para devolver esos bienes o entregarlos a una persona designada por el migrante, con el fin de que esta pueda retenerlos, guardarlos o venderlos y hacerle llegar los recursos.
«El Estado no debe aplicar una política de apropiación cuando la ley no lo determina. A veces, también, se dan casos en que la mayoría de esas propiedades incautadas pertenecen a un tercero. Lo que ocurre es que ese tercero no es la entidad que, conforme a la Constitución y la ley, podría hacer el reclamo”, acotó el defensor de los derechos humanos.
ACCIONES LEGALES Y ADVERTENCIAS
En este sentido, la Comisión Nacional está preparando un recurso de amparo para que el Estado Dominicano se ajuste a la legalidad y cese la retención de bienes apropiados a los migrantesdetenidos por la Dirección General de Migración.
“En estas atribuciones, nos enfrentaremos al Estado dominicano y a la Dirección de Migración para que detengan esta práctica ilegal que afecta los derechos humanos de los migrantes, sin importar su nacionalidad”, señaló Mercedes Medina.
destacó que estas disposiciones de incautación dejan al Estado Dominicano en una posición desfavorable ante la comunidad nacional e internacional.
Expresó que se está ante un Estado que despoja a los migrantes cuando la Constitución lo prohíbe, y cuando leyes como el Código Civil o el Código de Procedimiento Civil establecen los procedimientos que el Estado debe seguir para apropiarse de bienes y ejecutar un despojo.
Para que esa apropiación se manifieste, «debe existir una orden o sentencia del Poder Judicial que ordene al Estado dominicano la adjudicación de esos bienes para que puedan pasar a nombre del Estado y este pueda entonces disponer de ellos».
Finalmente, la CNDH hizo un llamado a la población para que se abstenga de participar en las subastas de venta de esos bienes incautados que pudiera realizar el Estado, «porque al final se encontrarán en una situación legal que les impedirá tener la documentación adecuada.»
