El sistema de salud pública de República Dominicana reportó 9,459 abortos en 2024, según cifras divulgadas por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
La mayoría de los procedimientos se realizaron en el Servicio Nacional de Salud (SNS), que concentró 9,243 casos.
En el Hospital Central de las Fuerzas Armadas se registraron 56 abortos; en el Hospital General de la Policía Nacional, tres; y en patronatos privados y organizaciones no gubernamentales (oenegés), 157.
Por regiones, la Ozama lideró la lista con 3,026 abortos, distribuidos entre el Distrito Nacional (527) y Santo Domingo (2,499). Le siguieron Cibao Norte, con 960, y Cibao Sur, con 554.
Las cifras forman parte del Anuario de Estadísticas Sociodemográficas publicado por la ONE, que también recopila datos sobre educación, empleo, seguridad social, pobreza y cultura.
Aunque los registros muestran una alta incidencia, el aborto sigue siendo un procedimiento prohibido y penalizado sin excepciones en República Dominicana.
Según el actual Código Penal, cualquier persona que aborte enfrenta de dos a cinco años de cárcel. Para médicos, parteras o enfermeras, la pena va de cinco a 20 años de prisión.
A principios de agosto el presidente Luis Abinader promulgó un nuevo Código Penal que, entre tantas modificaciones, excluye la despenalización del aborto y lo mantiene como un crimen.
Lo excluye cuando el embarazo es resultado de una violación, incesto o cuando el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida.
La Constitución Dominicana establece que el derecho a la vida esta garantizado desde la concepción hasta la muerte.
En la reforma, sin embargo, los legisladores aprobaron un eximente que establece que la interrupción del embarazo practicado por personal de la salud especializado no será sancionada si, para salvar la vida de la madre, el feto o ambos en peligro, se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles al momento del hecho.
El nuevo Código Penal entrará en vigor en 12 meses.
