En la nueva vista del caso Calamar celebrada este jueves, los abogados que representan a la familia Reyes y a otros querellantes depositaron ante el tribunal un desistimiento en favor del exministro de Hacienda, Donald Guerrero.
Alegaron que, tras escuchar la acusación completa del ministerio público, comprobaron que las pretensiones de la Procuraduría General de la República no responden a los intereses de sus representados.
Indicaron también que las actuaciones de Hacienda, bajo la dirección del exministro Guerrero, se ajustaron a la legalidad, fueron transparentes y obedecieron estrictamente a mandatos judiciales.
“El Estado, a través de Hacienda, ya pagó gran parte de lo que estaba ordenado. Lo único que corresponde ahora es que se libere el 20% restante, para que nuestros representados, muchos de ellos de avanzada edad y en condiciones precarias, reciban lo que por derecho les corresponde”, declaró el abogado Patricio Mañón.
Explicó que el ministerio público procura que las parcelas vinculadas al litigio sean declaradas en decomiso, una decisión que, según dijo, únicamente beneficiaría al Estado y dejaría sin compensación a las familias. “No nos vamos a adherir a esas pretensiones. Nuestros clientes llevan décadas esperando el pago de lo que les corresponde, y el ministerio público insiste en un camino que no les favorece”, expresó.
Mañón recordó que existen sentencias firmes que obligan al Estado a realizar el pago, y que el 20 % restante sigue pendiente por oposición del procurador Wilson Camacho.
También denunció que los verdaderos beneficiados del proceso han sido terceras personas, quienes habrían recibido miles de millones de pesos y terminaron protegidas con un criterio de oportunidad. “Mientras otros se quedaron con el dinero, nuestros representados, muchos ya ancianos, viven en la miseria y hasta sienten miedo de ser señalados como responsables de algo que nunca hicieron”, lamentó.
Mientras el abogado Julio César Ventura llamó la atención sobre la necesidad de garantizar la institucionalidad y el respeto a la Constitución. “Si el Estado se apropia de bienes privados tiene que resarcir a sus propietarios. De lo contrario, no hay seguridad jurídica. Y sin seguridad jurídica no hay confianza para que los inversionistas vengan al país. Es un tema de justicia, pero también de estabilidad económica”, advirtió.
Ventura insistió en que el tribunal debe ordenar al Ministerio de Hacienda liberar los fondos pendientes para que los herederos reciban su pago. “La Constitución en su artículo 51 es clara: hay que compensar a los propietarios. Por eso pedimos que se cumpla con la deuda social y que se ponga fin a esta situación que solo ha traído sufrimiento a las familias”, concluyó.
El caso Calamar, que en principio se presentó como un expediente contra supuestos actos de corrupción en el pago de expropiaciones, ha tomado un giro con los reclamos de las familias afectadas.
Los abogados insisten en que el ministerio Público ha distorsionado el proceso al buscar el decomiso de terrenos, una medida que solo favorece al Estado y deja sin protección a los propietarios legítimos.
En este contexto, las familias afectadas sostienen que lo que corresponde es saldar las deudas pendientes y garantizar el respeto al derecho de propiedad, tal como ordena la Constitución.
