El pasado jueves 2 de octubre, Henry T. Wooster, Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Haití, ejerció presión sobre el Consejo Presidencial de Transición (CPT) para que estableciera “un plan claro y con plazos para las elecciones y la transición política”.
Al día siguiente, viernes, Brian Nichols, Subsecretario de Estado para Latinoamérica y el Caribe, anunció nuevos pagos por la captura de líderes de pandillas haitianas.
Las declaraciones de estos dos altos cargos del gobierno estadounidense exponen una estrategia de doble vía en la política de Estados Unidos hacia Haití.
Por un lado, se exige al CPT que actúe como una entidad política funcional, demandando un cronograma electoral.
Por otro lado, se impulsa una estrategia de seguridad agresiva que incluye el respaldo a una “Fuerza de Represión de Pandillas” (FRG) y la activación de un programa de recompensas para la “decapitación” de los líderes criminales.
No se entiende cómo es posible exigir la organización de un proceso electoral cuando se está preparando abiertamente el escenario para una lucha armada de alta intensidad y represión.
La experiencia de naciones como la República Dominicana, con más de seis décadas de procesos electorales desde la caída de la tiranía, enseña que la preparación de unos comicios requiere un mínimo de estabilidad, libertad de movimiento, confianza ciudadana y participación cívica.
La insistencia del embajador Wooster en un plan electoral se enmarca en la necesidad diplomática de legitimar la transición y buscar una solución liderada por Haití.
Pero, al indicar que “Haití debe liderar la salida de su propia crisis política”, se manifiesta una forma de eludir el reclamo a la comunidad internacional para imponer una solución.
Wooster también ejerce presión sobre el CPT para que cumpla su mandato y evite perpetuarse en el poder, recordando que “los cargos no son vitalicios”.
Sin embargo, las declaraciones de estas dos figuras exponen una profunda desconexión entre las expectativas políticas y la realidad en el terreno.
Con más del 90% del área metropolitana de Puerto Príncipe bajo el control de bandas armadas, y el propio embajador reconociendo que la crisis de seguridad está “en el corazón de la crisis política”, exigir un cronograma electoral inmediato parece prematuro.
Sin un control territorial significativo, cualquier intento de elección sería fácilmente saboteado, minando la credibilidad del proceso y poniendo en riesgo a votantes y candidatos.
El apoyo a la FRG, junto con el programa de recompensas, confirma que la prioridad inmediata de Estados Unidos es la “guerra abierta” contra las pandillas haitianas.
La descripción de la fuerza como de “represión” y el objetivo de “combatir a las bandas criminales para recuperar el control” elimina la idea de una misión de paz tradicional.
Es una misión de contrainsurgencia o represión cuyo objetivo es desmantelar estructuras criminales a través de la fuerza.
El programa de recompensas es una táctica de guerra psicológica y financiera que busca socavar la cohesión interna de las pandillas, buscando crear paranoia, traición y división.
Esta estrategia conlleva el riesgo inmediato de una ola de violencia intensificada, pues los líderes criminales seguramente ejecutarán purgas internas y escalarán los ataques contra civiles para demostrar su poder.
No se pueden celebrar elecciones seguras con enfrentamientos armados generalizados. La violencia generada por la FRG y las pandillas pondría en peligro la inscripción de votantes, la instalación de centros de votación y el conteo de votos.
La represión y la incertidumbre disminuyen la participación electoral y, lo que es igualmente grave, el ambiente de guerra no es propicio para el debate democrático ni la formación de una opinión pública bien informada.
La aparente contradicción, en la que un alto funcionario exige elecciones mientras otro financia la guerra, parece obedecer a la necesidad de mantener una doble narrativa diplomática y de seguridad.
La diplomática, por parte de Wooster: Es una rama (la Embajada) que tiene el mandato de legitimar y proyectar la imagen de una solución política.
La presión por un calendario electoral cumple con este rol, manteniendo la apariencia de que la transición es liderada por Haití mientras obliga al CPT a rendir cuentas.
La misión de Nichols: Le toca la seguridad e inteligencia, que está enfocada en la realidad inmediata de la amenaza.
Ambos saben que sin estabilidad la diplomacia es inútil. Los fondos de recompensa señalan que la eliminación de la amenaza es la única precondición real para cualquier proceso electoral futuro.
Así que la presión simultánea no parece un error de comunicación, sino un intento de mantener la presión política sobre la transición y, al mismo tiempo, señalar el compromiso irreversible con la seguridad.
Es posible se esté exigiendo el calendario electoral ahora para evitar que la seguridad primero se convierta en excusa para la perpetuación en el poder del gobierno transitorio, obligándolos a planificar la salida incluso mientras se libra la batalla.
Esta doble exigencia es el arma más fuerte de Estados Unidos para controlar el proceso.
Tan simple como eso.
