El presidente Luis Abinader anunció un plan de austeridad que impactará de forma directa el financiamiento de los partidos políticos, al reducir en un 50% los recursos que reciben del Estado. La medida forma parte de una estrategia gubernamental para enfrentar el alza sostenida de los precios del petróleo, en medio de la crisis internacional derivada del conflicto en Medio Oriente.
La decisión fue presentada durante el quincuagésimo séptimo Consejo de Ministros, donde se explicó que el objetivo es liberar alrededor de RD$40,000 millones mediante la reducción del gasto público. Este ajuste incluye recortes en áreas como publicidad estatal, viáticos, adquisición de vehículos, combustibles, eventos institucionales y transferencias a entidades con capacidad de autogestión.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, indicó que el impacto del encarecimiento del crudo es significativo, señalando que cada aumento de US$10 por barril implica un costo adicional de US$763 millones anuales para el país.
En tanto, el director de Presupuesto, José Rijo Presbot, precisó que el denominado “tijerazo” se concentrará en gastos considerados no prioritarios dentro del aparato estatal.
Por su parte, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, aseguró que la nación dispone de reservas superiores a los US$16,000 millones, lo que permitiría amortiguar el impacto de la crisis internacional.
El Gobierno sostiene que estas medidas buscan evitar que el incremento de los costos globales se refleje en una subida desproporcionada de la canasta básica, priorizando así la protección de los sectores más vulnerables.
No obstante, el recorte al financiamiento de los partidos ha generado preocupación en el ámbito político. Sectores de oposición han advertido que la medida podría derivar en acciones legales, al considerar que afectaría la capacidad operativa y de fiscalización de las organizaciones políticas, así como principios de equidad establecidos en la Ley 33-18 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos.
El anuncio marca un punto de inflexión en la política económica del Gobierno, abriendo paso a un escenario de ajustes fiscales que, aunque orientados a preservar la estabilidad macroeconómica, podrían intensificar el debate político en el país.
