Santo Domingo. – Los trastornos de salud mental se han convertido en una de las principales problemáticas dentro del sistema penitenciario dominicano, donde cerca del 80 % de la población privada de libertad presenta algún tipo de afección psicológica o psiquiátrica, según revelaron autoridades penitenciarias de República Dominicana y Puerto Rico.
La información fue ofrecida durante un encuentro con periodistas especializados en temas judiciales, en el que participaron el director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (ONAPREP), Roberto Santana, y el subsecretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, Alex Joel Torres Guzmán.
De acuerdo con los funcionarios, la incidencia de trastornos mentales en las cárceles supera ampliamente la registrada en la población general. Mientras en la comunidad los problemas de salud mental afectan entre un 15 % y un 25 % de las personas, dentro de los centros penitenciarios las cifras se multiplican hasta alcanzar entre un 60 % y un 80 %.
Entre las condiciones más frecuentes figuran la depresión, la ansiedad crónica y los trastornos asociados al consumo de sustancias, además de casos de psicosis y alteraciones de la percepción.
Torres Guzmán explicó que factores como el encierro prolongado, la falta de contacto con el entorno exterior y la pérdida de la libertad impactan de manera significativa la estabilidad emocional de los internos.
Por su parte, Roberto Santana atribuyó la elevada incidencia en República Dominicana al retraso en los procesos judiciales. Indicó que de los aproximadamente 25 mil reclusos del país, unos 16 mil permanecen en prisión preventiva, muchos de ellos durante largos períodos sin haber recibido una sentencia definitiva.
“Hay personas que reciben tres meses de prisión preventiva y terminan pasando hasta dos años encarceladas sin ser juzgadas, lo que genera frustración, desesperación y un alto nivel de estrés”, señaló.
Durante el encuentro también se destacó la experiencia de Puerto Rico en materia de rehabilitación y reinserción social. Las autoridades explicaron que gran parte de su población correccional cumple medidas alternativas como libertad supervisada o monitoreo electrónico, reduciendo significativamente la cantidad de personas recluidas en cárceles.
Asimismo, resaltaron programas educativos y artísticos que permiten a los internos cursar estudios universitarios, maestrías y carreras profesionales dentro de los centros penitenciarios, como parte de una estrategia enfocada en la rehabilitación y la reducción de la reincidencia delictiva.
