Santo Domingo.– El Tribunal Constitucional (TC) volvió a llamar la atención sobre el incumplimiento de sus decisiones por parte de instituciones públicas, al imponer nuevas sanciones económicas contra organismos del Estado que no ejecutaron oportunamente órdenes judiciales.
En dos decisiones recientes, la Alta Corte liquidó astreintes por un monto de RD$1,470,000, correspondientes a procesos en los que ciudadanos reclamaron la ejecución de sentencias que habían dispuesto acciones concretas por parte de entidades estatales.
Uno de los casos corresponde a la sentencia TC/0844/26, mediante la cual el Tribunal Constitucional condenó a la Dirección General de la Policía Nacional al pago de RD$520,000 a favor de Isidro Díaz Rosario.
La sanción se originó en el incumplimiento de una decisión anterior, la TC/1104/24, que ordenaba a la institución entregar al ciudadano la documentación relacionada con una investigación por presunta deserción, además de informar sobre el estado del proceso.
El TC había establecido una astreinte de RD$2,000 por cada día de retraso. Aunque la decisión fue notificada el 6 de junio de 2025, la documentación no fue entregada.
Al conocer la solicitud de liquidación, presentada en febrero de 2026, los jueces contabilizaron 260 días de incumplimiento, equivalentes a los RD$520,000 impuestos.
La Alta Corte consideró que la conducta de la institución policial fue “reticente e irresponsable”, al entender que la falta de cumplimiento afectó derechos relacionados con la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la seguridad jurídica.
Policía deberá pagar otros RD$2.8 millones
En otro proceso, el TC también ordenó a la Policía Nacional pagar RD$2,845,000 a Dulce María Lora Solís, viuda del general de brigada retirado José Antonio Feliciano Castillo.
La decisión corresponde a la sentencia TC/0736/26, emitida el 7 de agosto de 2026, y está relacionada con el incumplimiento de una sentencia dictada en 2022 que ordenaba reconocer el ascenso del oficial y efectuar el pago del diferencial retroactivo de su pensión.
INABIMA, DGJP y Hacienda reciben sanción solidaria
Mientras que en la sentencia TC/0851/26, el Tribunal Constitucional sancionó solidariamente al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) y el Ministerio de Hacienda con RD$950,000.
El proceso fue iniciado por Yolanda del Carmen Solís de Rosario, quien reclamaba la restitución de una pensión otorgada originalmente mediante el Decreto núm. 364-92.
Una decisión anterior, la TC/1463/25, había ordenado a INABIMA transferir a la DGJP las cotizaciones correspondientes a los años trabajados por la accionante en el Ministerio de Educación y coordinar la reactivación de su pensión.
A la DGJP y al Ministerio de Hacienda les correspondía ejecutar la reactivación y pagar los valores retroactivos adeudados desde el 17 de agosto de 2021.
Las instituciones tenían 30 días calendario para cumplir, bajo una astreinte de RD$10,000 diarios.
Sin embargo, vencido el plazo el 26 de febrero de 2026, no se acreditó el cumplimiento de la sentencia. El TC contabilizó 95 días de retraso, hasta el 1 de junio de 2026, acumulando los RD$950,000.
La Corte advirtió que esta cantidad continuará aumentando en RD$10,000 diarios hasta que las instituciones cumplan completamente con lo ordenado.
TC advierte sobre incumplimiento de sus decisiones
Con estas decisiones, el Tribunal Constitucional reiteró que sus sentencias tienen carácter vinculante para los poderes públicos y que las autoridades están obligadas a ejecutarlas.
La Alta Corte sostuvo que el incumplimiento de sus decisiones puede vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos, particularmente la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la seguridad jurídica.
Los fallos fueron adoptados por la mayoría requerida del Pleno de Jueces.
