El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión a Ángel Gabriel Aquino Acevedo y Juan Manuel Méndez Pérez, tras encontrarlos culpables de participar en un atentado contra la vida de María Teresa Núñez, en un caso que las autoridades atribuyen a un plan de sicariato organizado desde un centro penitenciario.
La decisión fue adoptada por el tribunal presidido por la magistrada Claribel Nivar Arias, junto a las juezas Clara Castillo y Yisell Soto, quienes dispusieron que ambos condenados continúen recluidos en el recinto penitenciario donde permanecían bajo prisión preventiva.
Como parte de la sentencia, el tribunal también ordenó el pago de una indemnización de cinco millones de pesos a favor de Salvador Emilio Carvajal y de un menor de edad que resultaron heridos durante el ataque.
La lectura del fallo se realizó bajo un amplio dispositivo de seguridad, luego de que en una audiencia anterior agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) intentaran trasladar a un testigo considerado clave para el proceso judicial.
Pruebas presentadas
El tribunal concluyó que el Ministerio Público logró demostrar la responsabilidad de los acusados mediante pruebas testimoniales, materiales, periciales y audiovisuales que, en conjunto, sustentaron la condena.
Entre las evidencias valoradas figuran grabaciones de cámaras de seguridad y la inspección realizada en la escena del crimen, las cuales confirmaron la presencia de dos hombres armados que vestían abrigos con capucha de colores verde y negro.
Además, los investigadores recuperaron 13 casquillos en el lugar del hecho, de los cuales nueve fueron compatibles con el arma de fuego presentada como evidencia durante el juicio.
El tribunal también tomó en cuenta el testimonio de María Teresa Núñez, quien identificó a los agresores al explicar que ambos se retiraron los pasamontañas durante el ataque. Su versión fue respaldada por la declaración de su hija, Harolyn Núñez.
Otra de las pruebas consideradas determinantes fue el testimonio de un menor de edad, identificado con las iniciales W.F.V., obtenido mediante una entrevista en Cámara Gesell. El joven relató que los ahora condenados habrían sido contratados y remunerados por terceros desde un centro penitenciario para ejecutar el atentado y aseguró que él rechazó participar en el plan tras ser contactado.
