Colombia.- Durante una semana miles de colombianos han protestado en las calles contra el gobierno del presidente Iván Duque pese a que el país atraviesa el tercer pico de contagios y muertes por COVID-19. Las marchas comenzaron tras una impopular reforma tributaria que el gobierno decidió retirar por la presión de los manifestantes
Pero la decisión de Duque no logró contener las protestas, ahora avivadas por denuncias de brutalidad policial y que derivaron en focos de violencia especialmente en Bogotá y Cali, al suroeste, dejando hasta ahora un saldo de al menos 24 fallecidos y 800 personas heridas, según cifras oficiales.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado numerosos casos de abusos policiales y dieron una cifra más elevada de muertos, en tanto que la comunidad internacional está llamando al diálogo.
¿QUÉ RECLAMAN EN LAS CALLES?
Hay un descontento ciudadano creciente con el gobierno del presidente Duque, sus reformas y el abuso policial contra los manifestantes. Además, la población reclama soluciones a la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19 y se opone a una suba de impuestos y a una reforma a la salud que cursa en el Congreso.
Esto ha derivado en marchas masivas, bloqueos en las principales vías de todo el país que han causado desabastecimiento de alimentos e impedido el paso de vacunas, así como daños a peajes, estaciones de policía, bancos y establecimientos comerciales.
¿POR QUÉ EL RETIRO DE LA REFORMA TRIBUTARIA NO APAGÓ LAS PROTESTAS?
Las manifestaciones comenzaron el 28 de abril convocadas principalmente por sindicatos y después apoyadas por estudiantes y organizaciones sociales que estaban en contra de la reforma tributaria del gobierno que afectaba especialmente a la clase media al aumentar los impuestos a los servicios públicos, la gasolina, los salarios y las pensiones.
Presionado por las marchas, Duque anunció el retiro de la reforma tributaria el 2 de mayo y dos días después renunció el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, autor de la iniciativa.
La reforma tributaria fue el detonante de las manifestaciones que luego derivaron en el reclamo generalizado de los sectores que piden el cumplimiento de deudas históricas con las poblaciones más vulnerables, como los indígenas y los pueblos afrodescendientes.
Andrés Macías, experto en conflicto y seguridad y docente de la Universidad del Externado, dijo a The Associated Press que las manifestaciones actuales son una “evolución” y continuidad de las protestas de noviembre de 2019 contra el asesinato de líderes sociales, la corrupción, la desigualdad y el cumplimiento del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la desaparecida guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS?
La comunidad internacional ha pedido que se respeten los derechos humanos en el país y que el gobierno garantice el derecho a la protesta.
Martha Hurtado, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, advirtió que están “profundamente alarmados” porque en Cali la “policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida”.
De acuerdo con las cifras oficiales brindadas por la Defensoría del Pueblo, la entidad estatal encargada de velar por los derechos humanos, hay 85 personas desaparecidas y 24 personas fallecidas en el marco de las protestas. En 11 de estos casos se ha señalado como presuntos responsables a miembros de la policía nacional y la Fiscalía aseguró que los hechos están siendo investigados.
Por su parte, la organización no gubernamental Temblores, que documenta los abusos policiales, advirtió que serían 31 muertos, 1.443 los casos de violencia policial y 10 los presuntos casos de abuso sexual. Por otra parte, en Bogotá “intentaron quemar vivos” a 10 policías la noche del 4 de mayo, según la alcaldía capitalina.
¿CUÁL HA SIDO LA RESPUESTA DEL GOBIERNO?
El 1 de mayo el presidente Duque activó la figura de la “asistencia militar” que permite por pedido de los alcaldes que el ejército tenga presencia en los centros urbanos -normalmente su jurisdicción es la zona rural- hasta que “cesen los hechos de grave alteración del orden público”.
Esa figura, contemplada en las leyes colombianas, ha sido criticada por los detractores del gobierno y organizaciones de derechos humanos que consideran que es una forma de militarizar el país y aumentar la represión.
