El presidente Luis Abinader declaró este viernes emergencia nacional para las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras destinadas a las labores de reparación, construcción y reconstrucción de los daños provocados por la tormenta tropical Melissa.
La medida, contenida en el decreto 627-25, autoriza a distintas instituciones del Estado a realizar los procesos necesarios para agilizar la respuesta a los efectos del fenómeno atmosférico, que impactó de manera significativa el Distrito Nacional y las provincias Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, La Romana, Independencia, La Vega y Monseñor Nouel.
En total, 23 entidades gubernamentales podrán efectuar procesos de compras y contrataciones de emergencia. Entre ellas figuran los ministerios de Salud Pública y Asistencia Social, Educación, Agricultura, Interior y Policía, Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), Administrativo de la Presidencia y Turismo, así como el Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Programa de Medicamentos Esenciales (Promese/Cal).
También se incluyen la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), las Comisiones Presidenciales de Apoyo al Desarrollo Provincial y Barrial, los institutos Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), de Estabilización de Precios (Inespre), la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd).
Asimismo, quedan incluidas la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), las distribuidoras Edeeste, Edenorte y Edesur, además de la Defensa Civil.
El decreto dispone que las instituciones deberán gestionar sus procedimientos de excepción por emergencia nacional a través del Portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Además, deberán rendir un informe detallado a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas, y publicar los resultados tanto en el portal institucional como en el Portal Transaccional dentro de los 15 días posteriores a la atención de la emergencia.
La declaratoria de emergencia tendrá una vigencia de 30 días contados a partir de la emisión del decreto presidencial.
