Ya entró en vigor en Estados Unidos el impuesto del 1 % a las remesas realizadas en efectivo, giros postales y cheques, establecido mediante la ley conocida como One Big Beautiful Bill. La medida impacta directamente a los envíos de dinero realizados por migrantes, mientras exonera las transferencias efectuadas por ciudadanos estadounidenses bajo determinadas condiciones.
El gravamen comenzó a aplicarse el pasado día 1 de este mes y no afecta las transferencias digitales ni bancarias. Sin embargo, ha generado amplia controversia, debido a que una parte significativa de la población migrante no posee cuentas bancarias en Estados Unidos, lo que los obliga a utilizar métodos tradicionales de envío.
Ante este escenario, México anunció la creación de una tarjeta bancaria que permitirá a sus ciudadanos realizar transferencias de hasta 10,000 dólares mensuales, pagando una tarifa fija de 2.50 dólares por transacción, con el objetivo de evitar el impacto del nuevo impuesto y prevenir una reducción en el flujo de remesas.
Especialistas advierten que la ley afecta principalmente a quienes envían dinero de manera regular al exterior utilizando efectivo, cheques o giros postales, como estudiantes internacionales y ciudadanos no estadounidenses que cubren gastos familiares o servicios fuera del país.
La normativa fue objeto de múltiples modificaciones antes de quedar establecida en el 1 %, ya que la propuesta inicial contemplaba un gravamen del 5 %, luego reducido al 3.5 % y finalmente fijado en su nivel actual.
Además de México, el impuesto impactará a migrantes de países como India, Filipinas, China y diversas naciones de América Latina y el Caribe, incluida la República Dominicana. Estados Unidos continúa siendo el principal país emisor de remesas hacia estas regiones, recursos que suelen destinarse a alimentación, salud y apoyo en situaciones de emergencia.
Ingresos vitales
Las remesas representan una fuente de ingresos esencial para millones de personas en economías en desarrollo. Estudios internacionales señalan que las opciones más económicas para el envío de dinero son las billeteras digitales a través de teléfonos inteligentes; no obstante, el mercado de remesas enfrenta limitaciones debido a su estructura poco competitiva y a estrictas regulaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Estas regulaciones han provocado que muchos bancos reduzcan o cancelen relaciones con empresas de transferencia de dinero, especialmente aquellas que operan en economías frágiles, lo que limita las opciones disponibles para los migrantes.
En el caso dominicano, estimaciones indican que el país podría registrar una reducción anual de alrededor de 234 millones de dólares en remesas como consecuencia de esta medida.
La ley contempla excepciones para ciudadanos y nacionales estadounidenses. En estos casos, el impuesto no se aplicará si las remesas se realizan a través de un proveedor autorizado que haya suscrito un acuerdo con el Departamento del Tesoro para verificar el estatus del remitente.
El impuesto deberá ser cobrado al momento del envío por el proveedor del servicio de remesas, quien será responsable de remitir trimestralmente los fondos recaudados al Departamento del Tesoro. Si el gravamen no es cobrado en el momento correspondiente, el proveedor asumirá la responsabilidad secundaria del pago.
