El movimiento no partidista Participación Ciudadana (PC) pidió al Gobierno y al presidente Luis Abinader que suspendan toda propaganda que viole el Decreto 1-24 que establece los criterios e instrucciones para la contratación de la difusión de publicidad oficial y las Leyes 33-18 y 20-23, que rigen el sistema electoral dominicano.
En un comunicado de prensa, la organización externó las observaciones que ha hecho y las acciones que consideran que han vulnerado las normas que prohíben las acciones propagandísticas en el contexto electoral.
Participación Ciudadana ha observado que el Gobierno mantiene propaganda gubernamental que viola el Decreto 1-24 del propio presidente Luis Abinader, así como la Ley 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 de Régimen Electoral y sus disposiciones al respecto (Art. 206-211).
El Ministerio de Agricultura está pasando de manera frecuente en diversos programas y medios de comunicación radiales y televisivos, un anuncio en el que sale el ministro Limber Cruz y otras personas, con fotos del presidente Abinader, agradeciendo el apoyo que éste ha dado a la producción alimentaria.
Otra muestra de estas violaciones es el anuncio a página completa en algunos periódicos promoviendo el crecimiento de las exportaciones y de las zonas francas.
En las redes sociales, el Gobierno está promoviendo el plan «Más Salud y Esperanza de Vida», donde se atribuye el mérito de «elevar la calidad de vida de los pacientes con hipertensión arterial y diabetes mellitus.»
Participación Ciudadana apela a la voluntad del presidente Abinader, quien se ha comprometido a no usar los recursos públicos para fines electorales. También llamamos a la intervención de la Junta Central Electoral, haciendo uso de la facultad que le otorga la Ley 33-18 para «tomar cualquier medida cautelar respecto a cualquier bien o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado, pudiendo procurarse para ello la fuerza pública.»
La Ley No. 33-18, de Partidos Políticos, «prohíbe el uso de recursos públicos de los poderes e instituciones del Estado, incluyendo los ayuntamientos, para financiar o apoyar en cualquier forma las actividades de rentabilidad electoral particular, inclusive aquellas que se deriven de inauguraciones oficiales.»
